Crónica
Pasado y presente: morir en la escuela
Sandra y Ruben fallecieron por una explosión de gas mientras preparaban el desayuno para los alumnos de su escuela. Desde ese momento habría un antes y un después en la historia de los morenenses.
Por Pedro Parentti
El jueves 02 de agosto de 2018, poco después de las 8:00 h, se produjo una explosión en el sector de la cocina de la EP 49 Nicolás Avellaneda, localizada en el Barrio San Carlos de Moreno, donde fallecieron la Vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Ruben Rodríguez. Desde ese momento para la historia de la sociedad morenense habría un antes y un después y daría inicio a una lucha en diferentes escenarios institucionales, barriales y en las calles. Cuando se fue tomando conocimiento de lo ocurrido, en medio de incertidumbres e impotencia, el primer punto de encuentro de trabajadores de la educación y otros sectores de la sociedad fue en la Ruta 23 y el Acceso Oeste en la Plaza Maestro Carlos Fuentealba.
Allí, donde se encuentra el monolito en homenaje a Carlos Fuentealba asesinado el 04 de abril de 2007 por un disparo en la cabeza de una bomba de gas lacrimógeno accionada por un miembro de la policía de Neuquén, se vivieron las primeras escenas de dolor colectivo. Carlos había muerto en una movilización docente en el marco de una huelga por condiciones dignas de trabajo y salario; Sandra y Ruben mientras preparaban el desayuno para los alumnos de la escuela.
La intervención al consejo escolar de Moreno
Desde el 27 de octubre de 2017, a menos de una semana de las elecciones de medio término, el Consejo Escolar de Moreno se encontraba intervenido donde en Moreno,tanto el Frente Renovador como la Alianza Cambiemos perdieron en las urnas frente a los candidatos a Consejeros Escolares de Unidad Ciudadana. Desconociendo el voto del pueblo, el gobierno provincial impulsó dicha intervención en base a dos causas penales: por un lado, la presentada por el avocador Sebastián Nasif y el abogado interventor Walter Bonavera en relación al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los cupos de las escuelas; por otro lado, la que presentó Mónica Berzoni en relación a certificados de cursos y títulos apócrifos en la lista de aspirantes a cargos de auxiliar de las escuelas.
Al momento de la avocación la entonces Consejera Escolar por Unidad Ciudadana Cecilia Verónica Parentti fue la única que expresó públicamente el rechazo a dicha medida ya que consideraba que no sólo desconocía el resultado de las elecciones realizadas días antes sino que denunciaba que el avocador designado Sebastián Nasif era parte del séquito político conducido por Sergio Pazos. Su presencia e influencia en el Consejo Escolar databa desde la época de la gobernación de Eduardo Duhalde donde fue un activo militante de la Reforma Educativa aplicada en la provincia de Buenos Aires.
Las visitas de funcionarios provinciales del área educativa y de la propia gobernadora a instituciones educativas de Moreno eran frecuentes, con especial preferencia de dos escuelas técnicas, la Nro 4 María Eva Duarte de Perón de La Reja y la Nro 5 Juan Domingo Perón de Cuartel V. Así, el 22 de Febrero de 2018 Gabriel Sánchez Zinny se hacía presente en la Escuela Técnica Nro 4 cuyo director Carlos Lana había accedido al cargo de Consejero Escolar por la Alianza Cambiemos el año anterior (de hecho, con la avocación del Consejo, fue el único que ejercía funciones como consejero a diferencia del resto a los cuales no se les asignó tarea alguna). En el mismo sentido, el 12 de marzo del mismo año, el entonces Director de Consejos Escolares Marcelo Di Mario visitaba la Escuela Técnica Nro 5 de Cuartel V, base del accionar político de Sergio Pazos, en la inauguración del ciclo lectivo.
El 24 de Abril de 2018, un día antes de que los docentes llevaran adelante la tercera huelga en la provincia en reclamo de reapertura de paritarias salariales y en rechazo a los recortes presupuestarios en el área educativa, la gobernadora María Eugenia Vidal visitaba la Escuela Técnica Nro 5 donde el anfitrión Sergio Pazos era parte de la puesta en escena en la escuela de los “2505 días de clases sin interrupción” que fue tapa del diario Clarín en esos días. Sergio Pazos era por entonces miembro del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Buenos Aires en línea con el proyecto de Reforma de las Escuelas Técnicas impulsada por la DGCyE y monitoreada por la Directora Provincial de Educación Técnica Profesional (ETP), Lucía Galarreta Bolia. Este proceso de instalar la necesidad de una transformación en las escuelas técnicas se inició con el desplazamiento del titular de la ETP Gerardo Marchesini a mediados del 2017. Por entonces el funcionario denunciaba que había “subejecuciones de presupuestos, faltantes de fondos y desmantelamiento del área.” (Página12, Camino al desguace de la Educación Técnica, 21/07/2017).
Al año siguiente, ese proyecto se presentaría en el portal ABC de la DGCyE bajo el título “Los nuevos desafíos de la Escuela Técnica” (22/07/2018) donde se proponía modificar la propuesta curricular reduciendo las horas de artística, historia, físico-química y biología, como así también las prácticas profesionalizantes. Ello se traduciría en la pérdida de estabilidad laboral docente, recortes en el trayecto formativo de los estudiantes y eliminación de espacios curriculares que apuntan al análisis crítico. Esto motivó reclamos de los sectores sindicales, docentes y estudiantes de la mayoría de las escuelas técnicas.
El diario La Nación publicaría en una nota el impacto de ese rechazo citando expresiones de la directora de la ETP Lucía Galarreta Bolia quien manifestaba que sólo se trataba de un borrador a modo de consulta que se haría a la comunidad educativa de las escuelas técnicas de la provincia, tratando de invalidar el rechazo a dicha iniciativa. En la misma nota se especifica que a las escuelas técnicas asistían 174.000 alumnos y 80.000 docentes señalando que la creación de dichas instituciones históricamente se relacionaron con el proceso de industrialización que se fue dando en la Argentina (sin citar, dicho sea de paso, que fue en la etapa de los primeros gobiernos del peronismo donde se impulsó fuertemente la acción del Estado en la creación y ampliación del área de formación técnica en el nivel secundario y universitario).
En el transcurso de de la década del ‘90, en el marco del segundo ciclo de políticas económicas neoliberales, las escuelas técnicas fueron desfinanciadas y eliminadas en el contexto de desindustrialización de esos años. Hacia el año 2005, durante el mandato de gobierno de Néstor Kirchner se sancionó la Ley 26.058 de Educación Técnica que posibilitó un financiamiento para garantizar la recuperación y el funcionamiento de dichas escuelas. (La Nación, Fuertes reclamos por una reforma de las escuelas técnicas, 24/07/2018). En ese contexto de ajustes en el sector educativo el 25 de Junio de 2018 el gobierno provincial a través de la DGCyE dispone con la Resolución 1736/18 que los Equipos de Orientación Escolar (EOE) pasen a funcionar en equipos por distrito y no por escuelas. Esta medida no sólo afectaba a la atención de las problemáticas de los estudiantes que dificultan su trayectoria educativa sino también a la sobrecarga laboral de los trabajadores a cargo de las EOE.
La persecución politica
Del mismo modo que se profundizaba la política de ajuste aplicada a la educación pública también se avanzaba con un ataque virulento contra las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la educación. A la campaña orquestada desde los medios corporativos para desacreditar y estigmatizar a dirigentes sindicales se sumó una iniciativa de desafiliación difundida desde Enero de 2018 a través del portal ABC de la DGCyE. En marzo del mismo año, el tribunal de trabajo de La Plata le ordenó a la gobernación provincial eliminar de sus páginas el instructivo de desafiliación por considerarlo “contradictorio con los derechos inherentes a la libertad sindical”.
El armado de una estructura judicial y de servicios de inteligencia desde la esfera gubernamental bonaerense durante el mandato de Vidal tenía como objetivo la persecución política e ideológica de aquellos sectores opositores (dirigentes políticos, sindicales y militantes de organizaciones sociales, entre otros) que cuestionaran la aplicación de una política económica de ajuste, en particular en áreas muy sensibles como salud y educación. Esta estrategia de disciplinamiento también se aplicaba al control de jueces y fiscales que no respondieran a los requerimientos del gobierno provincial. Con la designación de Julio Conte Grand como Procurador General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires (cargo que aún desempeña), se ejecuta ese control y se monta una arquitectura con la participación de funcionarios de gobierno y miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya finalidad sería el armado de causas judiciales.
En este sentido, la primera resolución impulsada por Conte Grand es crear la Secretaría de Control y Enjuiciamiento dirigido a jueces y fiscales, designando a Miguel de Lezica y Max Perkins que, hasta entonces, se había desempeñado como Secretario de Seguridad del municipio de San Miguel durante la intendencia de Joaquín de la Torre.
La puesta en escena montada por la gobernadora para posicionarse como la que venía a terminar con las mafias políticas y el narcotráfico comenzó cuando a principios de 2016 decide mudarse con su familia a la Base Aérea de Morón aduciendo motivos de seguridad. Por entonces, Milagro Sala, conductora de la Organización Barrial Tupac Amaru y electa diputada del PARLASUR era encarcelada en Jujuy. Allí el gobernador Gerardo Morales, bajo el amparo del gobierno nacional, implementó un tribunal de justicia creado ad hoc con jueces y fiscales con el objetivo de detener a dicha dirigente social.
El año 2017 se iniciaba con un escenario de conflicto entre los trabajadores de la educación y la gobernación bonaerense ante el cierre de la instancias de paritarias salariales declarado unilateralmente tanto por el gobierno nacional como por el provincial. Así, en una editorial del diario La Nación se cuestionaba la medida de fuerza impulsada por los sindicatos docentes, enumerando una serie de aspectos que apuntaban a desconocer el derecho de huelga, desacreditar y estigmatizar a las organizaciones sindicales, culpabilizar a los docentes y promover una cultura del voluntariado para boicotear el legítimo reclamo de los trabajadores. (Escuela sin clases, editorial de La Nación, 03/03/2017).
También, se profundizaban los conflictos sociales que se traducían en permanentes manifestaciones en diferentes escenarios públicos. Los medios corporativos expresaban que dichas protestas eran realizadas por organizaciones políticas, sindicales y movimientos cuyo único fin era extorsionar al Estado y alterar el orden social. (¿Hasta cuándo perdurará tanta impunidad?, La Nación, 28/03/2017). Con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafaél Nahuel entre Agosto-Noviembre de eses año, la maquinaria represiva montada por la titular del Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de gabinete de dicho ministerio Pablo Nocetti, daba señales claras hacia qué sectores estaba dirigido esa represión.
Durante ese tiempo, en las escuelas bonaerenses se impulsó una campaña para sancionar a los docentes que hablaran sobre la desaparición de Santiago Maldonado y, del mismo modo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilitar un teléfono para que las familias denuncien a aquellos docentes que hicieran política en sus clases. Se observaba en los ámbitos educativos la reticencia de hacer mención sobre la condición de Milagros Sala como presa política durante el gobierno de la Alianza Cambiemos.
En Moreno, la intervención del Consejo Escolar significó el punto de partida de una estrategia del gobierno para posicionarse políticamente en el territorio en convivencia con sectores del Frente Renovador. El conductor de la intervención era Marcelo Di Mario, un empresario farmacéutico que ocupaba el cargo de Director Provincial de Consejos Escolares. Venía de un fugaz paso por el Ministerio de Salud donde fue denunciado por el eufemismo denominado conflicto de intereses, razón por la cual tuvo que renunciar. Luego, Sánchez Zinny lo premiará con ese cargo.
El 31 de Diciembre de 2017 el gobierno bonaerense dispone a través de la Resolución 2378/17 la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) dejando a 350 trabajadores en situación de disponibilidad y a la vez, desguazando el organismo creado en 1996 para el mantenimiento, reparación y construcción de escuelas y Jardines. A principios de 2018 en el marco de la Ley de Ministerios establecida por el gobierno bonaerense se avanza en el ajuste de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE), encargada de los proyectos, relevamientos, inspección, seguimiento y planificación de obras edilicias educativas. El proceso de desarticulación de áreas de gestión estatal tanto en salud como en educación se profundiza al mismo tiempo que el conflicto por la reapertura de las paritarias salariales exigidas por los sindicatos estatales. El impacto de la multitudinaria Marcha Federal Docente del 24 de Mayo de ese año, contra el ajuste educativo del macrismo y sus aliados políticos tuvo su repercusión en la provincia de Buenos Aires. Tras un fallo judicial adverso, el 23 de Julio, el gobierno bonaerense finalmente convoca a reuniones paritarias con los representantes sindicales de los docentes.
Despues de Sandra y Ruben ya nada volvería a ser lo mismo
En ese contexto, Sandra y Ruben mueren cuando se disponían como siempre a preparar el desayuno para los alumnos de la EP 49. Tras este hecho se inició un proceso de lucha colectiva que visibilizó con crudeza las condiciones edilicias de las escuelas del distrito y las graves falencias institucionales en diferentes áreas estatales. El 03 de Agosto, un día despues, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, junto a ATE, convocaron a un paro y movilización hasta el Consejo Escolar de Moreno . A esa marcha se sumaron familias y estudiantes de diferentes comunidades educativas. Se estima que asistieron más de diez mil personas exigiendo justicia por Sandra y Rubén. Al día siguiente, se realizaría una reunión de directivos de escuelas ante la grave situación emergente, donde se plantearon entre otras cosas la decisión de suspender las clases presenciales.
Por otro lado, se conformó la Asamblea de Familias por la Escuela Pública que se organizaron por zonas territoriales con representantes barriales. A partir de una denuncia de que se estaban retirando cajas con documentación del Consejo Escolar se comenzó a montar una guardia que dió origen a la organización de un acampe con fuerte presencia de las organizaciones sociales en su sostenimiento y permanencia durante cuarenta y cinco días hasta su levantamiento del 18 de Septiembre de 2018, cuando el Comité de Crisis o de Emergencia Educativa conformado el 12 del mismo mes en el marco de una reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), acordó con el gobierno provincial el fin de la intervención del Consejo Escolar a cumplimentarse el 23 de Octubre de 2018. En su momento, la conformación del Comité de Crisis constituyó un espacio de mayor representatividad ya que, se incorporaron a referentes de las familias de las comunidades educativas.
A las operaciones de los medios corporativos en función de desligar de alguna responsabilidad por lo ocurrido al gobierno conducido por María E. Vidal, también se sumaron acciones intimidatorias vía sumarios y presumarios a docentes como los que se realizaron en la EES Nro 16 “Florencio Molina Campos”de Moreno y a directivos que se oponían a la apertura de las escuelas que no cumplían con los 12 puntos de habitabilidad exigidos por la Comisión de Crisis. Del mismo modo, la cacería judicial dirigida a militantes de organizaciones sociales como la Tupac Amaru, tal el caso de la por entonces Consejera Escolar Cecilia V. Parentti, fue aplicada para disciplinar y acallar voces disidentes.
Se elaboraron actividades de contingencia para garantizar la continuidad formativa de la población estudiantil en los distintos niveles y modalidades. Para romper el cerco y las operaciones mediáticas se realizaron jornadas en las entradas de las escuelas. Así, se organizaron ollas populares, asambleas con las familias, murales, radios abiertas y movilizaciones permanentes para visibilizar lo que no había sido una tragedia sino consecuencia del abandono del Estado. Ya nada volvería a ser lo mismo a partir de allí en la historia y la memoria de los morenenses.
Excelente articulo, Pedro!! Pone en contexto la tragedia y aporta interesantes datos sobre quien es quien en el mundo de la educacion bonaerense y distrital. Muchas gracias!
Mantener siempre vivo todos los hechos que sucedió en esos años es muy importante,para continuar en la lucha, fortalecer la unidad y no permitir que se repitan,creo en la justicia y se que todo a su tiempo llega.Creo y tengo fé que la justicia llegará para Sandra y Rubén, Maldonado y Nahuel,para todos aquellos que sufren la persecución injusta por solo expresar o defender derechos que son dignos de todos,realizar escuelas más seguras es una prioridad del Estado,como la educación como formación e igualdad,sin discriminación y favoritismos solo para algunos.Tengo presente el recuerdo en mi corazón en mis oraciones a Sandra, Rubén, Maldonado, Nahuel y muchos que ya no están que lucharon por una causa justa.Gracias por mantener la memoria viva.